Demanda efectividad derechos reales inscritos

Demanda efectividad derechos reales inscritos

Cuando sufrimos una ocupación ilegal se esta produciendo una perturbación de un derecho real inscrito en el Registro de la propiedad. La acción judicial correspondiente será interponer una demanda efectividad derechos reales inscritos

El juicio verbal para la efectividad de derechos reales inscritos

El procedimiento a seguir con tal de cesar con una perturbación u ocupación sin título ante un derecho real inscrito del que se ostenta un título de dominio es el cauce del juicio verbal, y ello mediante una demanda efectividad derechos reales inscritos

Así, el artículo 250.1 LEC establece un listado de demandas que se decidirán en juicio verbal, “cualquiera que sea su cuantía”. Y, en su apartado 7º, establece:

[…] 7.º Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden la efectividad de esos derechos frente a quienes se oponga a ellos o perturben su ejercicio, sin disponer de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.[…]

Artículo 250.1.7 Ley Enjuiciamiento Civil

El artículo 38 de la Ley Hipotecaria, establece que todos los derechos reales que estén inscritos en el Registro obedecen al principio registral de legitimación. 

  • Presunción de manera positiva de la existencia y pertenencia del derecho real
  • Se mantiene este efecto hasta que no se declare de manera judicial la inexactitud del Registro

Cuales son los requisitos para interponer la demanda  

Con tal de interponer una demanda efectividad derechos reales ante ignorados ocupantes, es necesario saber cómo actuar ante una ocupación ilegal. Con ello, se deberán de cumplir con unos requisitos para interponer la demanda. 

  • Existencia un derecho real inscrito. El título de dominio lo ha de ostentar la parte actora
  • Certificación registral. Con ello se acreditará esa titularidad
  • Que el derecho real esté identificado
  • La demanda se ha de dirigir a quien perturba el disfrute de ese derecho
  • No encontrarse en ninguna causa del art. 444.2 LEC

A su vez, con tal de que la demanda efectividad derechos reales inscritos prospere, se ha de atender al art. 439.2 LEC. Este artículo estipula en qué casos no será admitida la acción judicial ante una ocupación sin título

La oposición a la demanda efectividad derechos reales inscritos

Cuando la demanda de efectividad derechos reales inscritos ha sido admitida a trámite, es el momento para el demandado de realizar su contestación a la demanda efectividad derechos reales. Es un trámite que debe realizarse, dado que se podrá dictar sentencia si no comparece como demandado. 

El demandado podrá formular oposición a la demanda de efectividad derechos reales inscritos por las causas que la ley prevé. Es decir, ante una demanda efectividad derechos reales inscritos sólo podremos oponernos en los casos recogidos en el art. 444.2 LEC:

  • Por la falsedad de la certificación del Registro, o bien que en ella haya una omisión de derechos o condiciones inscritas, que conllevan la desvirtuación de la acción ejercitada
  • Que el demandado posea la finca o el derecho de disfrutar por contrato o por otra relación jurídica directa con el último titular, y que perjudique al titular inscrito
  • La finca o el derecho están inscritos a favor del demandado y se acredite como tal presentando la certificación del Registro de la Propiedad
  • Que la finca inscrita no sea la que posea efectivamente el demandado

¿Qué es la caución?

La definición de caución en derecho es simple, es una garantía de cumplimiento de contrato. Por lo que responde a una forma de asegurar el cumplimiento de una obligación por una de las partes intervinientes. 

La caución es un requisito indispensable para poder proceder a contestar una demanda efectividad derechos reales inscritos. Por lo que, es requisito indispensable prestar caución en la oposición, sino se cumple este requisito se dictará sentencia sin más trámite.

Las formas que se recogen en la ley para prestar caución en derecho civil son:

  • Dinero efectivo
  • Mediante un aval
  • Mediante un seguro de caución

No se tendrá que prestación de caución por no estar obligados si la demandada es una administración pública o si existe una renuncia expresa del demandante.

Plazo de prescripción acción efectividad derechos reales inscritos

Una pregunta que nos hacemos en estos casos es hasta cuándo se puede interponer la demanda efectividad de derechos reales inscritos.

Bien, el plazo de prescripción para poder interponer la demanda de efectividad de derechos reales inscritos empieza a contar cuándo el propietario es conocedor de la perturbación hasta los siguientes 30 años. 

Esto es porque nos encontramos ante una acción protectora de derechos reales sobre las cosas. Por tanto, podremos interponer la demanda desde el momento que ocurre la ocupación ilegal hasta los siguientes 30 años. 

Con la interposición de dicha demanda, y su posterior resolución, se dará inicio al procedimiento de desahucio por ocupación ilegal, puesto que el demandante es el titular de un derecho real inscrito, y los ocupantes carecen de título legal para ello. 

Delito de allanamiento de morada

El delito de allanamiento de morada

Cómo se llama al delito de entrar a una casa es una de las preguntas más frecuentes hoy en día, dado el temor existente de que nos ocupen la vivienda. En este artículo explicamos el delito de allanamiento de morada y su diferencia con el delito de ocupación

¿Qué es el allanamiento de morada?

Para poder entender en qué consiste el delito de allanamiento de morada, antes debemos conocer la definición de morada en derecho. Y se entiende por morada todo espacio físico y delimitado en el que una persona habita, desarrolla su vida privada de forma libre y puede excluir a terceros. 

Con ello ante la pregunta de qué es allanamiento de morada, debemos responder que es el delito que consiste en entrar o permanecer en una morada ajena sin tener el consentimiento del tercero. 

Por lo que el delito de allanamiento de morada protege:

  • la intimidad
  • y el derecho a vivir en libertad y de forma segura en tu morada.

Por tanto, la morada es el espacio delimitado de cada uno donde decidir sobre las cuestiones privadas e íntimas. 

¿Cómo demostrar un allanamiento de morada?

Como se detalla más adelante, el delito de allanamiento de morada sólo se puede cometer dolosamente. Aun así, ante la distinción con el delito de ocupación, en el presente resolveremos la siguiente cuestión: ¿cómo demostrar un allanamiento de morada?

  • concepto de morada: definición de morada en derecho, contemplado en el artículo 202 código penal español.
  • delito flagrante (artículo 796 LECrim): inmediata detención en el lugar donde se está produciendo ese allanamiento de vivienda
  • título bastante: justificación y acreditación bastante de la titularidad de la vivienda con tal de demostrar que se está produciendo un allanamiento de domicilio

¿A qué penas nos podemos enfrentar por el delito de allanamiento de vivienda?

El artículo 202 del código penal español donde se regula el delito de allanamiento de morada, establece la pena por allanamiento de morada. El mismo constituye en su primer apartado una pena de prisión de entre 6 meses a 2 años. 

1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

Art 202 CP

Como vemos, en el segundo apartado del citado artículo, el allanamiento de propiedad privada en el código penal establece una agravación de la pena para los casos donde este allanamiento de vivienda se realice con violencia o intimidación. 

  • violencia: utilización de fuerza física sobre la persona
  • intimidación: amenaza de un mal contra la persona

Por tanto, si el allanamiento de vivienda se produce con violencia o intimidación, la pena por allanamiento de morada asciende a una pena de prisión de entre 1 a 4 años y una pena de entre 6 a 12 meses de multa por entrar en propiedad privada

El artículo 202 código penal español

El delito de allanamiento de morada está regulado en el artículo 202 del código penal español. El bien jurídico que el art 202 cp protege es la inviolabilidad del domicilio y, en concreto, el derecho a la intimidad personal

El delito de allanamiento de morada protege el domicilio. Así, se constituye un marco físico en el que se excluye de su entrada y permanencia a toda persona que no cuente con el consentimiento del titular

El apartado 1 del artículo 202 código penal español prevé dos modalidades típicas: 

  • allanamiento activo: el hecho de introducirse en una morada ajena contra la voluntad de su morador constituye un delito de allanamiento de vivienda
  • allanamiento pasivo: cuando se entra en una morada con el consentimiento de su morador pero se permanece en ella cuando éste pide que se abandone, también constituye un delito de allanamiento de domicilio

El delito de allanamiento de morada es un delito de mera actividad. Por ende, estamos ante un delito del art. 202 cp en el mismo instante en que se produce:

  • la entrada en la morada ajena
  • se permanece en la morada en contra de la voluntad del morador. 

Eso sí, en cuanto al tipo subjetivo, el allanamiento de propiedad privada del código penal, lo trata como un delito que únicamente se puede cometer de manera dolosa. 

con conciencia de que se entra en un domicilio ajeno sin consentimiento de quienes pueden otorgarlo y sin motivo justificante que pueda subsanar la falta de autorización”. 

Sentencia del Tribunal Supremo nº 1048/00 de fecha 14 de junio.

Diferencia entre allanamiento de morada y ocupación

No debemos confundir conceptos ya que hay diferenciar entre allanamiento de morada y ocupación ilegal. Mientras que en el delito ocupación se refiere al ocupar una vivienda violando su propiedad, en el delito de allanamiento de morada se viola tanto la morada como la propiedad.

La diferencia entre allanamiento de morada y ocupación radicará entonces en el bien jurídico protegido, siendo la morada y la intimidad en el delito de allanamiento de morada, y el patrimonio en el delito de ocupación

Cuando hablemos de la ocupación de viviendas que se encuentran deshabitadas, que no constituyan morada alguna, y con la voluntad de permanecer en ella, estaremos ante una usurpación

El delito de usurpación de vivienda

El delito de usurpación de vivienda

La ocupación de vivienda en contra de la voluntad de su titular se puede tratar tanto en el ámbito civil (art. 250.1.4º LEC) como en el penal, siendo en esta donde encontramos el delito de usurpación de vivienda. En este artículo nos centraremos en el ámbito penal, el delito de usurpación de vivienda, regulado en el artículo 245 CP

¿En qué consiste el delito de usurpación?

Para entender en qué consiste el delito de usurpación, debemos entender el concepto de usurpación, que se define como el “apoderarse de una propiedad o de un derecho que pertenece a otra persona, y por lo general con el uso de la violencia o la intimidación”

El delito de usurpación puede darse en varios ámbitos:

  • Usurpación de vivienda. Es el más común
  • Usurpación de identidad
  • Usurpación de estado civil
  • Usurpación de funciones públicas

El delito de usurpación de vivienda por tanto, consiste en la ocupación de vivienda ajena con la voluntad de permanecer en ella sin que se tenga el consentimiento del propietario, mediante el uso de la violencia y/o intimidación. 

El delito de usurpación de inmueble

El delito de usurpación de vivienda lo que pretende es proteger el goce y disfrute de la vivienda, dado que es nuestro derecho como propietarios de la misma. Por tanto, cuando un tercero ocupa un inmueble ajeno comete un delito de usurpación.

El delito de usurpación de inmueble, recogido en el art. 245 CP, establece dos modalidades para el delito de ocupación: 

  • Delito de usurpación de vivienda. Estaremos en este tipo de delito cuando se produzca la ocupación de la vivienda y se haya hecho uso de la violencia y/o intimidación para ello
  • Delito leve de usurpación de vivienda. En cambio, estaremos ante este tipo de delito cuando se produzca una ocupación de vivienda sin que se recurra a la violencia y/o intimidación, es decir, de forma pacífica

¿Cuáles son los elementos del tipo del delito de usurpación?

El delito de usurpación de vivienda se regula en el artículo 245 del código penal. En cuanto a los elementos del delito de usurpación, debemos diferenciar entre los dos apartados del mismo artículo.

En su apartado 1, se regula la usurpación de vivienda de manera violenta o intimidatoria de inmuebles o derechos reales inmobiliarios.

Por otra parte, el artículo 245.2 del código penal dista del anterior por lo siguiente:

El delito de ocupación de inmuebles del art. 245.2 CP hace referencia al delito leve de usurpación de vivienda

  • Se trata de una ocupación pacífica, es decir, el delito ocupación se hace sin violencia o intimidación
  • Para cometer un delito de usurpación, el sujeto activo ha de carecer de un título jurídico que legitime esa ocupación de vivienda
  • Existencia de una voluntad contraria a esa ocupación de vivienda o allanamiento de vivienda
  • El sujeto activo debe conocer los dos puntos anteriores
  • El inmueble no puede constituir morada

En este sentido, para que el delito de usurpación se consuma, es decir se materialice el hecho delictivo cuando esa ocupación de vivienda tenga cierta vocación de permanencia, deberá ser continuada en el tiempo. 

¿Qué debe contener una demanda por usurpación? 

Ante una usurpación de vivienda, es recomendable utilizar el cauce legal de demandar o denunciar los hechos en cuestión. Por ende, ante un delito de usurpación de vivienda es recomendable tramitar una demanda por usurpación

Existen dos vías para recuperar tu inmueble ante una usurpación de vivienda: esto es la vía civil y la vía penal. La vía adecuada dependerá del caso en concreto, por lo que es fundamental contactar con un especialista con tal de recuperar el inmueble en la mayor brevedad posible. 

  • En cuanto a la vía civil, la ocupación de vivienda se tramitará a través de la acción de desahucio por precario. Para que la demanda prospere, se han establecido unos requisitos fundamentales ante esa usurpación de vivienda
  • En el caso de la vía penal, estaremos ante un delito de usurpación de vivienda, en el que será esencial acreditar todos los elementos del tipo y requisitos legales que el código penal expone respecto del delito de usurpación de inmueble

Y ¿cuánto tarda un desalojo por usurpación?

No se puede determinar con exactitud cuánto tarda un desalojo por usurpación, cuando se produce un delito de usurpación de vivienda, puesto que cada proceso es diferente al resto y hay que tener en cuenta la carga de trabajo de los juzgados.

Sin embargo, la media para el desalojo por usurpación está en unos 4 a 6 meses aproximadamente, desde el momento en que se presenta la demanda y ésta es admitida a trámite por el juzgado. 

¿Cómo recuperar la posesión de un inmueble?

¿Cómo recuperar la posesión de un inmueble?

Se entiende por “posesión”una situación de hecho en la que una persona ostenta el poder de actuar sobre una cosa, en sentido físico/material y jurídico, que se ejerce, exterioriza o aparenta frente a los demás.

¿Qué requisitos son necesarios para recuperar posesión inmueble?

Acciones posesorias e interdictos

Las acciones posesorias e interdictos, o protección interdictal, consiste en que el Ordenamiento Jurídico protege al poseedor frente a actos de perturbación o despojo causados por un tercero, con el fin de recuperar posesión inmueble

Las acciones posesorias son la protección básica en defensa de la posesión sin mayor consideración. Se protegen a través del juicio verbal, tal y como establece el artículo 250.4 de la LEC.

  • Desde un puto de vista objetivo: En defensa de la posesión, por tanto, a todo poseedor, mientras lo sea, independientemente de que tenga o no derecho a poseer y del tipo de posesión, hasta los que lo adquieren violentamente. 
  • Por su parte, y desde un punto de vista subjetivo: Se protege el derecho de posesión, es decir la posesión en sí misma, y no el derecho a poseer

«El poseedor puede perder su posesión:

[…]

4. Por la posesión de otro, aun contra su voluntad del antiguo poseedor, si la nueva posesión hubiese durado más de 1 año”. 

Artículo 460 Código Civil

Por ende, las acciones posesorias están limitadas a 1 año desde la perturbación o desposesión. Es decir, para recuperar la posesión de un inmueble el desposeído deberá interponer la demanda antes de transcurrido 1 año.

La acción de recuperación de la posesión

La acción de recuperación de la posesión de un bien inmueble ante un delito de ocupación, de acuerdo con el artículo 439.1 LEC, se tendrá que sustanciar en el plazo de 1 año.

Una ejemplo de acción para recuperar la posesión de un inmueble es la interposición de una demanda por precario contra ignorados ocupantes. Esta deberá ir acompañada del título que confiera el derecho de posesión del actor. 

La ausencia de aportación de un título no será posible en este tipo de demandas, y con ello comportará la inadmisión de la demanda.

Tal y como establece el artículo 438.1 de la LEC los demandados (okupas)deberán contestar a la demanda en un plazo de 10 días. La oposición de los demandados únicamente podrá fundarse en la existencia de un título suficiente por su parte o, la inexistencia de título por parte del actor. 

El Interdicto posesorio para retener o recobrar la posesión 

Una forma de recuperar la posesión de un inmueble es mediante los interdictos.

Por interdicto entendemos aquel procedimiento en que el tenedor o poseedor de algo pueda retener o recobrar aquello que posea. 

Así, el interdicto posesorio, es aquel que tiene como fin recuperar posesión de un inmueble. Es decir, recobrar la posesión o la restitución de la posesión que nos ha sido despojada. 

Debemos hacer una distinción entre 2 clases de interdictos:

  • Interdicto de retener la posesión: Cuando se causa una lesión a la posesión, pero no llega a suponer privación o despojo de la misma. Condena de no hacer (a no despojar y a abstenerse de realizar actos que molestan). 
  • Interdicto de recobrar la posesión: Es el interdicto posesorio común. Se da en casos donde se ha cometido un despojo (privación material de la posesión). La persona que me ha lesionado la posesión me ha privado de ella. Se interesa una condena de hacer (debe devolver la cosa.

Con la acción de recuperación de la posesión se resuelve quien posee y quién tiene mejor derecho a poseer, en base a unos indicios, sin entrar a valorar la veracidad, puesto que eso se discutirá en el proceso de recuperar la propiedad usurpada

Acciones protectoras de la propiedad

El derecho de propiedad, como poder más amplio reconocido por el ordenamiento jurídico, reúne tres facultades: gozar, disponer y reivindicar. Existen, pues, diferentes acciones protectoras de la propiedad.

  • Acción reivindicatoria: Es la acción que tiene el propietario que no es poseedor frente al poseedor no propietario. Va dirigida fundamentalmente a la recuperación de la posesión mediante la condena y ejecución correspondiente. 
  • Acción declarativa: El propietario, sin dejar de ser poseedor, se ve perturbado en su titularidad por quién se jacta de ser dueño de la cosa. Va dirigida a obtener una declaración de que el demandante es propietario de la cosa.
  • Acción negatoria: Esta es una acción para que se ponga fin a una perturbación consistente en pretender tener una servidumbre sobre la finca de otro sin título legítimo para ello. Esta dirigida a defender la libertad del dominio, constatando la inexistencia de gravámenes sobre el inmueble.

 

Demanda precario contra ignorados ocupantes

Demanda precario contra ignorados ocupantes

Una de las mayores causas de interposición de una demanda en España es la relativa al juicio de desahucio. Y es que, cuando nuestra vivienda ha sido ocupada la vía civil abre la posibilidad de interponer una demanda de desahucio para recuperar el inmueble (demanda precario contra ignorados ocupantes).A continuación trataremos de responder algunas preguntas. 

¿En qué consiste el desahucio por precario contra ignorados ocupantes?

Debemos aclarar conceptos antes de poder hablar de una demanda por precario contra ignorados ocupantes. Y es que, cuando hablamos de un desahucio por precario, ¿a qué nos estamos refiriendo?

  • Entendemos por precario el disfrutar de una cosa ajena sin el pago de una renta, ni disponer de ningún derecho (título) para ello. 
  • Entendemos por ignorados ocupantes a las personas que ocupan la vivienda sin que estén identificados por sus propios nombres.

El desahucio por precario consiste en el procedimiento entre el propietario y la persona que ocupa la vivienda sin disponer de un título que le habilite para ello. Existe, por tanto, la opción de promover el desahucio por precario contra los ignorados ocupantes con tal de recobrar la posesión de un bien. 

El precario no encuentra regulación en el Código Civil, de hecho, solo se menciona en su artículo 1750 en relación con el juicio verbal de desahucio de fincas urbanas o rústicas. Así, es una figura construida por la jurisprudencia.

“Si no se pactó la duración del comodato ni el uso a que había de destinarse la cosa prestada, y éste no resulta determinado por la costumbre de la tierra, puede el comodante reclamarla a su voluntad.

En caso de duda, incumbe la prueba al comodatario.”

Artículo 1750 Código Civil

¿Qué puedo hacer para evitar desahucio por precario?

Con tal de evitar desahucio por precario y conseguir que la demanda precario contra ignorados ocupantes no prospere, el precarista, únicamente puede defenderse si aporta un título demostrando su derecho para pertenecer en el bien inmueble.

Así, se han establecido por el Tribunal Supremo unos requisitos fundamentales.

  • Legitimación activa: el actor ha de encontrarse en posesión del inmueble a título de propietario, usufructuario o, cualquier derecho que le otorgue su disfrute.
  • Legitimación pasiva: la demanda desahucio contra ignorados ocupantes ha de dirigirse frente al sujeto que ocupe el bien inmueble en condición de precario. Se admite en ella que se puede dirigir contra personas desconocidas, por lo que contra ignorados ocupantes.
  • Identificación del inmueble.
  • Aportación del título que acredita la posesión.
  • Interposición de un procedimiento de juicio de desahucio

«Hemos de considerar por consiguiente, que identificados en la demanda a los demandados por los datos de los que disponía la demandante, limitados a su residencia en el inmueble de su propiedad, no concurre defecto legal alguno en el modo de proponer la demanda al haber sido datos suficiente para el emplazamiento tanto del demandado comparecido como de los restantes ignorados ocupantes a través de él, como consta en la diligencia practicada.»

Sentencia Audiencia Provincial de Madrid, Sección 20ª, de fecha 13.02.2018

El juicio verbal de desahucio

El juicio verbal de desahucio por precario va a seguir las mismas reglas que las estipuladas para un desahucio express. Una demanda por precario contra ignorados ocupantes se utiliza por personas que:

–        Han sido despojadas contra su voluntad de la posesión de un bien inmueble

–        Han permitido o cedido de manera voluntaria y, de manera gratuita, la posesión del inmueble.

La interposición de una demanda por precario contra ignorados ocupantes permite a quien se ha encontrado en una de estas dos situaciones la recuperación del inmueble, mediante el juicio de desahucio.

El proceso de desahucio por precario se desarrollará por los cauces del juicio verbal, como establece el artículo 250. 1.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

«1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

[…]

2º Las que pretendan la recuperación de la plena posesión de una finca rústica o urbana, cedida en precario, por el dueño, usufructuario o cualquier otra persona con derecho a poseer dicha finca».

Art. 250.1.2º Ley Enjuiciamiento Civil

La sentencia pondrá fin al proceso, y, a su vez, generará plenos efectos de cosa juzgada. Si no se cumple la misma en el tiempo establecido, se deberá presentar una demanda de ejecución de sentencia de desahucio por precario.

¿Cuánto tarda un desahucio por precario contra ignorados ocupantes?

En relación a cuánto tarda un desahucio por precario no podemos establecer una duración exacta. La clave para resolver esta cuestión es la carga de trabajo del Juzgado pertinente, así como la carga de trabajo de la Oficina de Notificaciones y Embargos. Son ellos los encargados de asistir a la vivienda el día que se acuerde el lanzamiento.

Es por todo ello que, desde el momento en que se interpone demanda precario contra ignorados ocupantes, como media, se habla de 4 a 6 meses de duración hasta completar el desahucio por precario. Es importante saber qué es preceptiva la presencia de abogado y procurador.  

Tras la presentación de una demanda precario contra ignorados ocupantes, el demandado, podrá plantear una oposición al desahucio por precario, recurriendo en los 20 días hábiles. Por el contrario, deberá abandonar el inmueble. 

Se hace referencia al lanzamiento en un desahucio por precario cuando se produce el desalojo físico del inmueble. Es decir, con la ejecución sentencia desahucio por precario.

¿Te pueden desahuciar sin avisar?

Tras la interposición de la demanda por precario contra ignorados ocupantes, se dictará un decreto. Este decreto, constata dos señalamientos, el primero la fecha de juicio y, el segundo, el lanzamiento

Admitida la demanda, el demandado, en el plazo de 10 días, debe plantear una contestación desahucio por precario, es decir, formular oposición desahucio precario.

Por el contrario, si no realiza oposición alguna, se le va a proceder al desahucio sin más trámites, en la fecha fijada, sin notificación posterior. 

Tal y como establece el artículo 447 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la sentencia se dictará en los 5 días siguientes a la terminación de la vista, y la misma gozará de plenos efectos de cosa juzgada. 

Vivienda habitual Ocupación

Ocupación Vivienda habitual

La Ocupación Vivienda habitual es un problema real y creciente en España.

El fenómeno de los okupas ha aumentado un 40,9% en los últimos años, siendo Cataluña la más destacada.

Cuando ello ocurre es fundamental saber cuál es el modo de actuar ante las casas ocupadas.

¿Qué hacer si te ocupan tu vivienda habitual?

Se entiende cómo vivienda habitual aquella vivienda que es residencia habitual de una persona o que es usada de forma estacional, periódica o esporádica por alguien. ¿Qué se debe hacer si se sufre una ocupación?

Ante una Ocupación de la Vivienda habitual, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • La rapidez es primordial. Llamar a la Policía dentro de las 48 horas desde que los okupas han entrado en la vivienda es esencial, para que la Policía pueda intervenir para la desocupación sin autorización judicial.  
  • En el caso de que haya transcurrido el plazo de 48 horas, se deberá contactar con un abogado. para saber cómo desalojar a un okupa e interponer las acciones pertinentes en los tribunales. 

Es importante tener en cuenta el plazo de las 48 horas para poder actuar con rapidez.

Asimismo, es recomendable tener algún sistema de alarma que pueda avisarte de que se está cometiendo el delito ocupación

Es esencial probar con documentación que se es titular de la vivienda habitual que ha sido ocupada. Será determinante, para poder proceder a la desocupación del inmueble, ya sea ante la Policía, mediante una demanda civil o una denuncia penal. 

¿Es aconsejable negociar con okupas cuando te han ocupado la vivienda habitual?

Ante la ocupación vivienda habitual la principal preocupación es cómo desalojar a un okupa.

Lo primero que deberemos hacer es mantener la calma y no tratar de actuar por nuestra cuenta. Ya que, la Ley Okupa 2021,protege la mayor vulnerabilidad

Son numerosos los casos en que los okupas no quieren negociar con el propietario. Por ello, NO es recomendable que el propietario intente desalojar a los okupas, pues estaría cometiendo un delito de realización arbitraria del artículo 455 del Código Penal

“1. El que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses”

“2. Se impondrá la pena superior en grado si para la intimidación o violencia se hiciera uso de armas u objetos peligrosos.”

Artículo 455 del Código Penal

Es decir, aunque se haya intentado negociar con okupas y no se haya logrado que abandonen la vivienda, el propietario nunca deberá realizar ninguna de las siguientes actuaciones:

  1. Cortar suministros (agua, luz o gas) de la vivienda. Se estaría cometiendo un delito de coacciones recogido en el artículo 172 del Código Penal
  2. Acceder a la vivienda habitual. Desde el momento de la ocupación vivienda habitual, el propietario no tiene la posibilidad de acceder a la vivienda ni impedir el acceso a los okupas. Al realizarlo, sería el propietario quien estaría cometiendo un delito penal.
  3. Cambiar las cerraduras o realizar cualquier tipo de amenaza dirigida a los okupas. Al realizarlo, se estaría cometiendo un delito de amenazas recogido en el artículo 169 y ss. del Código Penal.

¿A qué tipo de delito se enfrenta un okupa cuando ocupa una vivienda habitual?

El delito okupas puede hacer referencia al delito de allanamiento de morada (artículos 202 a 204 Código Penal) o a la ocupación ilegal (artículo 245 Código Penal). Nos encontramos en un supuesto u otro en función de la naturaleza del bien inmueble y del bien jurídico protegido. 

La Ocupación Vivienda habitual está considerada como un delito de allanamiento de morada. Por ello, quien lo cometiera está incurriendo en un delito que se encuentra regulado en los artículos 202, 203 y 204 del Código Penal.

Por morada se entiende cualquier espacio cerrado que esté destinado al desarrollo de actividades propias de la vida privada, personal o familiar.

¿Cuánto tiempo se suele tardar en echar a un ocupa de una vivienda habitual?

Aunque la tendencia sea tratar la Ocupación Vivienda habitual por la vía penal, ésta no es ni la más rápida ni la más eficaz. Y es que, para tratar el delito ocupación por vía penal existen una serie de requisitos difíciles de probar:

  • Identificación de los okupas
  • Se debe demostrar el tiempo de estancia en la vivienda habitual por los okupas

A lo anterior, se debe añadir la complejidad del procedimiento penal y su investigación.

Por otra parte, si tratamos la Ocupación de la Vivienda habitual por la vía civil, nos encontraremos con un procedimiento, aparentemente, más ágil y rápido. Esto es porque la Ley establece un plazo de 5 días para que se pruebe la titularidad del inmueble. Por lo que, estamos hablando de meses en estos casos. 

Delito de coacciones corte de luz

Delito de coacciones corte de luz

Como hemos explicado en anteriores publicaciones, el hecho que un propietario corte los suministros básicos a su inquilino, o le cambie la cerradura, puede ser castigado con un delito de coacciones. En este caso sería un delito de coacciones por corte de luz.

Delito coacciones código penal

El artículo 172 del código penal define el tipo básico de delito de coacciones como un delito contra la libertad de las personas que se instrumentaliza mediante el uso de la violencia para obligar a otra persona a realizar un acto en contra de su voluntad.

Así, el bien jurídico protegido por el delito de coacciones es la libertad de un individuo de realizar un acto cualquiera, es decir la libertad de obrar.

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Artículo 172.1 Código Penal

Delito coacciones ejemplos

Como ejemplos de delitos de coacciones en el ámbito que nos ocupa, serían:

  • Cortar la luz a un inquilino
  • Impedir aparcar en un lugar prohibido con violencia
  • Corte del suministro de agua por impago
  • Cambio de cerradura de la puerta de acceso a una vivienda sin consentimiento
  • Cambiar el candado de la persiana de un bar sin consentimiento

Cortar la luz a un inquilino

Muchas veces ante una situación de impago de un arrendatario, el arrendador opta por dar de baja los suministros, como medida de presión para que el inquilino desaloje la vivienda.

Es importante tener claro qué esta situación puede acarrear, para el propietario, más problemas que soluciones. Aunque el inquilino no pague los suministros, el propietario no podrá dar de baja los mismos.

En primer lugar, los suministros forman parte de los elementos básicos en una vivienda arrendada, con lo que la falta de estos podría suponer la resolución del contrato de arrendamiento, en caso de existir.

En segundo lugar, puede comportar para el propietario la comisión de un delito de coacciones. Asimismo, el arrendatario podrá pedir una indemnización por daños y perjuicios al propietario, en este caso arrendador.

Sin embargo, la situación cambia si el inquilino no paga luz a su nombre. La empresa suministradora podrá proceder al corte de la luz en casos de impagos reiterados, siendo la propia empresa proveedora la encargada de realizarlo, pero nunca el propietario.

Por todo ello, nuestra recomendación es acudir a un profesional, interponer la preceptiva denuncia o demanda de desahucio por falta de pago de la renta. En caso contrario, si se recurre al corte de los suministros como presión para que el inquilino pague la renta, podremos estar cometiendo un delito de coacciones.

¿Cómo saber si mi inquilino paga la luz?

En primer lugar, y como requisito indispensable para no tener problemas, cuando formalizamos un contrato de arrendamiento debemos proceder al cambio del titular del suministro de luz. Todo ello deberá quedar recogido en el contrato de arrendamiento que se firme.

Con ello lograremos que la responsabilidad de pagar los suministros recaiga en el inquilino.

En este caso es complicado saber si el inquilino esta al día del pago de los suministros, ya que están a su nombre. Asimismo, la responsabilidad de impago también recae sobre él, pues es el titular de ese contrato de suministro.

Con ello, si éste deja de pagar los suministros la compañía eléctrica puede decidir cortar el suministro. Ante esta situación el propietario no tendrá responsabilidad alguna.

En segundo lugar, y en el caso de no haber procedido al cambio de titular de los suministros, el propietario de la vivienda será el responsable de la deuda contraída.

Para evitar esta situación podemos optar por domiciliar el recibo de la luz a una cuenta bancaria titularidad del inquilino, o repercutirle el importe de los mismos en la renta mensual.

Como conclusión, lo más recomendable es proceder al cambio de la titularidad de los suministros, para evitarse problemas.

Delito coacciones jurisprudencia 

Auto de la Audiencia Provincial de Jaen (Sección 2ª) de 25.01.2017

«Esta Audiencia Provincial en sentencia de 29-06-2015 en un supuesto similar consideró cometido el tipo de coacciones leves al acusado que “conociendo que el uso de la vivienda conyugal se atribuyó a su ex esposa, procedió a dar de baja el contrato, privándole a ella, en virtud del corte del suministro llevado a cabo precisamente por la petición del contratante, del servicio de energía eléctrica. En consecuencia, se produjo el resultado, que es requisito necesario para la existencia del delito, por el efecto coercitivo de la acción.«

Sentencia 348/2000 del Tribunal Supremo, de 28 de Febrero de 2000

«La conducta declarada probada reune los anteriores requisitos. El acusado realiza un acto violento con la finalidad de obligar al perjudicado a que haga lo que no quiere. Con esa conducta restringe la libertad del perjudicado sin que la misma aparezca autorizada por el ordenamiento.

La pretendida justificación a la conducta del acusado, basada en que el ocupante de la casa había realizado un acto para evitar el uso por el equipo de baloncesto de la localidad, no le autorizaba a la utilización de vías de hecho para reponer lo que, desde su perspectiva, era justo. La tipicidad de las coacciones precisa la intranscendencia de la justicia o injusticia del fin perseguido pues lo que se sanciona, precisamente, es la utilización de vías de hecho prescindiendo del ordenamiento previsto para la actuación de los intereses propios.«

Sentencia 628/2018 del Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2018

«Una reiterada doctrina jurisprudencial requiere para la existencia del tipo penal de coacciones la existencia de:

a) una conducta violenta de contenido material o intimidatoria que se ejercita contra uno o varios sujetos, bien de modo directo o indirecto o a través de cosas, sobre el propio perjudicado o, incluso, sobre terceros;

b) ese actuar va dirigido a impedir hacer lo que la ley no prohibe o a realizar lo que no se quiere, sea justo o injusto;

c) la intensidad del acto violento ha de alcanzar una determinada importancia, necesario para su integración en el delito y no en la falta (art 585. CP 73 y 620.2 Cp 95);

d) debe existir un ánimo dirigido a restringir la libertad ajena, manifestado en las expresiones típicas «impedir» o «compelir»; y e) que el acto sea ilícito -sin estar legítimamente autorizado- que será examinado desde la normativa existente para asegurar la conciencia social y la exigida en la actividad que la regula.«

Delito de coacciones cambio de cerradura

Delito de coacciones cambio de cerradura

En primer lugar, es muy importante tener en cuenta que el cambio de cerradura, así como el corte de los suministros básicos puede constituir un delito de coacciones.

Según establece la jurisprudencia, será castigado con un delito de coacciones por cambio de cerradura aquel que lo realice con la intención de restringir o doblegar la voluntad de otra persona.

Delito de coacciones código penal

El artículo 172 del código penal define el tipo básico de delito de coacciones como un delito contra la libertad de las personas que se instrumentaliza mediante el uso de la violencia para obligar a otra persona a realizar un acto en contra de su voluntad.

De esta manera, el bien jurídico protegido por el delito de coacciones es la libertad de un individuo de realizar un acto cualquiera, es decir la libertad de obrar.

1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados.

Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda.

Artículo 172.1 Código Penal

Delito coacciones ejemplos

Ejemplos de delitos de coacciones, en el ámbito de la propiedad privada, son:

  • Corte del suministro de agua por impago
  • Cambio de cerradura de la puerta de acceso a una vivienda sin consentimiento
  • Cambiar el candado de la persiana de un bar sin consentimiento
  • Cortar la luz a un inquilino
  • Impedir aparcar en un lugar prohibido con violencia

Cambiar cerradura sin consentimiento 

En primer lugar, el propietario de una vivienda bajo ningún concepto puede cambiar la cerradura sin el consentimiento de su inquilino.

Asimismo, como hemos comentado en anteriores publicaciones, tampoco podrá acceder al inmueble, sin el consentimiento del inquilino.

Así, cuando el propietario de un inmueble proceda a cambiar la cerradura del mismo, con la finalidad de impedir a otra hacer lo que la ley no le prohíbe, y sin tener el previo consentimiento del inquilino, puede estar cometiendo un delito de coacciones tipificado en el artículo 172 del Código Penal.

Las penas por la consumación de un delito de coacciones varían entre la pena de prisión de seis meses a tres años. O, en su caso, con la imposición de una multa de 12 a 24 meses.

Todo ello en función de la gravedad de la coacción o de los medios empleados

Delito de coacciones jurisprudencia

Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de coacciones del artículo 1721° del Código Penal con la concurrencia de la agravación por impedir con la coacción el legítimo disfrute de la vivienda, y de un delito de robo con fuerza del artículo 2383° en relación con el artículo 240, ambos del Código Penal.

Sentencia Nº 401/2021, Juzgado de lo Penal – Barcelona, Sección 9, Rec 509/2018 de 30 de Septiembre de 2021

a) Una conducta violenta de contenido material, como vis física, o intimidación, como vis compulsiva, ejercida sobre el sujeto pasivo, ya sea de modo directo o de modo indirecto. b) La finalidad perseguida, como resultado de la acción, es la de impedir lo que la ley no prohíbe o efectuar lo que no se quiere, sea justo o injusto. c) Intensidad suficiente de la acción como para originar el resultado que se busca. d) La intención dolosa consistente en el deseo de restringir la libertad ajena, lógica consecuencia del significado que tienen los verbos impedir o compeler. e) Que el acto sea ilícito -sin estar legítimamente autorizado-

Sentencia 628/2018 del Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2018

El delito leve de coacciones

La diferencia entre el tipo básico y el leve del delito de coacciones recae en la gravedad de las coacciones ejercidas.

El delito leve de coacciones existe desde la reforma del código penal en el año 2015. Antes estaba regulado como «falta de coacciones«.

El delito leve de coacciones se encuentra regulado en el articulo 172.3 del código penal:

3. Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Artículo 172.3 Código Penal

Asimismo, es de destacar que el delito leve de coacciones no comporta pena de prisión y sólo se perseguirá si existe denuncia del perjudicado.

Delito leve de coacciones jurisprudencia

En conclusión, por lo anteriormente razonado podemos afirmar que las conclusiones que la Juzgadora de instancia ha obtenido, son plenamente válidas y, al propio tiempo, atendida dicha conclusión, los hechos no pueden calificarse de modo distinto al que lo han sido, […], siendo ello calificado de violencia psíquica, siquiera leve, considerando plenamente ajustada a Derecho la tipificación de tales hechos como de coacciones de carácter leve, atendido el fastidio e inquietud que, sin necesidad de mayor probanza, provoca recibir continuas comunicaciones de quien no se desea[…]

Audiencia Provincial de Baleares (Sección 2ª), sentencia 11.10.2016

En definitiva, la Sala no encuentra fundamento alguno para mantener el motivo de recurso alegado por la recurrente, al no existir falta de coherencia, irracionalidad o arbitrariedad en el esquema y desarrollo lógico seguido por la Juez «a quo» a la hora de calificar jurídicamente los hechos enjuiciados, por lo que, en consecuencia, admitida la virtualidad de la valoración de la prueba verificada por la juzgadora de instancia, debe concluirse que no existe errónea aplicación del delito leve de coacciones aplicado, sin que se pueda alegar infracción de éste precepto penal.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 1ª) de 8.01.2018
Desahucio terceros ocupantes

Desahucio terceros ocupantes

El desahucio de terceros ocupantes es el que se inicia contra aquellas personas que sin poseer un título suficiente (contrato) permanecen en una vivienda ajena a su propiedad, es decir sin tener derecho a ello.

Nos podemos encontrar ante la aparición de terceros ocupantes en diferentes ocasiones:

  • a la finalización de un contrato de arrendamiento
  • durante una ejecución hipotecaria
  • en una ejecución judicial
  • después de una subasta.

En función del procedimiento en el que nos encontremos la solución será diferente, pero siempre pasara por interponer la debida reclamación judicial.

Demanda de desahucio

En primer lugar debemos tener claro en qué consiste un desahucio.

Un procedimiento judicial de desahucio es aquel en el que se pretende recuperar la posesión de un inmueble.

Este se puede iniciar debido a tres posibles situaciones:

Asimismo, en un procedimiento judicial de desahucio también se podrá acumular una reclamación de cantidad reclamando las rentas vencidas y no pagadas.

[…]

4. No se admitirá en los juicios verbales la acumulación objetiva de acciones, salvo las excepciones siguientes:

3.ª La acumulación de las acciones en reclamación de rentas o cantidades análogas vencidas y no pagadas, cuando se trate de juicios de desahucios de finca por falta de pago o por expiración legal o contractual del plazo, con independencia de la cantidad que se reclame. Asimismo, también podrán acumularse las acciones ejercitadas contra el fiador o avalista solidario previo requerimiento de pago no satisfecho.

Artículo 437.4.3ª Ley Enjuiciamiento Civil

Tercer ocupante ejecución hipotecaria

En muchas ocasiones durante el transcurso de un procedimiento de ejecución hipotecaria aparecen sujetos, diferentes a los ejecutados, los cuales ocupan el inmueble que está siendo objeto de la ejecución.

1. Cuando, por la manifestación de bienes del ejecutado, por indicación del ejecutante o de cualquier otro modo, conste en el procedimiento la existencia e identidad de personas, distintas del ejecutado, que ocupen el inmueble embargado, se les notificará la existencia de la ejecución, para que, en el plazo de diez días, presenten ante el Tribunal los títulos que justifiquen su situación.

Artículo 661.1 Ley Enjuiciamiento Civil

Cuando sucede esto, que normalmente se conoce en el momento que se va a realizar el lanzamiento judicial, el juzgado, de oficio, abre una pieza separada para decidir si los ocupantes tienen, o no, título que les habilite a permanecer en ese inmueble.

Esta pieza separada se tramitará por los cauces de un juicio verbal, y finalizará con el dictado de un auto que establecerá si los ocupantes tiene derecho a ocupar ese inmueble. Contra dicho auto no cabrá recurso alguno.

También puede suceder que el ejecutante tenga conocimiento de la existencia de ocupantes en el inmueble y que sea él que solicite el lanzamiento al juzgado.

2. El ejecutante podrá pedir que, antes de anunciarse la subasta, el Tribunal declare que el ocupante u ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble, una vez que éste se haya enajenado en la ejecución. La petición se tramitará con arreglo a lo establecido en el apartado 3 del artículo 675 y el Tribunal accederá a ella y hará, por medio de auto no recurrible, la declaración solicitada, cuando el ocupante u ocupantes puedan considerarse de mero hecho o sin título suficiente.

Artículo 661.2 Ley de Enjuiciamiento Civil

Ocupantes de inmuebles que deban entregarse

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece, en relación a los ocupantes en inmuebles que deban entregarse como consecuencia de un procedimiento de ejecución no dineraria:

1. Cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el Secretario judicial les dará un plazo de un mes para desalojarlo. De existir motivo fundado, podrá prorrogarse dicho plazo un mes más.

Transcurridos los plazos señalados, se procederá de inmediato al lanzamiento, fijándose la fecha de éste en la resolución inicial o en la que acuerde la prórroga.

2. Si el inmueble a cuya entrega obliga el título ejecutivo estuviera ocupado por terceras personas distintas del ejecutado y de quienes con él compartan la utilización de aquél, el Secretario judicial responsable de la ejecución, tan pronto como conozca su existencia, les notificará el despacho de la ejecución o la pendencia de ésta, para que, en el plazo de diez días, presenten los títulos que justifiquen su situación.

El ejecutante podrá pedir al tribunal el lanzamiento de quienes considere ocupantes de mero hecho o sin título suficiente. De esta petición se dará traslado a las personas designadas por el ejecutante, prosiguiendo las actuaciones conforme a lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 675.

Artículo 704 Ley Enjuiciamiento Civil

Vista terceros ocupantes

Cómo venimos exponiendo, la pieza separada de terceros ocupantes se tramitará por los cauces de un juicio verbal, y finalizará con el dictado de un auto.

Este auto establecerá si los ocupantes tienen derecho a permanecer en ese inmueble. Contra dicho auto no cabrá recurso alguno.

Finalmente, cuando el juez establezca que los terceros ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble procederá al lanzamiento del mismo.

ocupación ilegal

Diferencia entre allanamiento de morada y ocupación ilegal

Para entender la diferencia entre allanamiento de morada y ocupación ilegal, lo primero que debemos tener en cuenta es que en derecho penal español, existen dos delitos que tipifican la ocupación ilegal:

¿En qué consiste el delito de allanamiento de morada?

El delito de allanamiento de morada se encuentra tipificado en el artículo 202 del Código Penal el cual establece:

“1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años

2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de 6 a 12 meses.”

Artículo 202 Código Penal

La conducta típica castigada por este artículo es la entrada y el mantenimiento dentro de la morada (vivienda), contra la voluntad del morador.

Asimismo, la voluntad contraria del morador puede surgir ab initio, desde el momento de la entrada no consentida, o bien en un momento posterior a la entrada consentida.

Por su parte, el tipo agravado del delito de allanamiento de morada consiste en la comisión de las anteriores conductas típicas pero con violencia o intimidación.  

El concepto de «morada»

El elemento cardinal de este delito es que se entiende por morada.

Doctrinalmente se entiende por morada el espacio separado del mundo exterior.

Este debe evidenciar la voluntad del morador de excluir a terceras personas. Y, a su vez, que este destinado al desarrollo de actividades propias de la vida privada, personal o familiar. 

Por consiguiente, el concepto de morada no tiene necesariamente por qué referirse al concepto sticto sensu de casa. Sino que según la doctrina se extiende a las dependencias de la misma.

El uso de la morada puede ser tanto permanente como temporal (segundas residencias), quedando fuera de esta relación los abandonados de forma efectiva. 

¿En qué consiste el delito de ocupación ilegal?

El delito leve de usurpación pacífica de bienes inmuebles se encuentra tipificado en el artículo 245.2 del Código Penal, el cual establece:

El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.” 

Artículo 245.2 Código Penal

Por consiguiente, la conducta típica castigada por este artículo es la ocupación de inmuebles, edificios o viviendas ajenos sin título jurídico que legitime esta posesión, contra la voluntad expresa del titular. Sin embargo no debe concurrir violencia o intimidación.

 ¿Cuales son las diferencias entre allanamiento de morada y ocupación ilegal?

La diferencia entre allanamiento de morada y ocupación ilegal radica en dos conceptos:

Distintos bienes jurídicos protegidos 

En el delito de allanamiento de morada el bien jurídico protegido es la libertad domiciliaria, así como la intimidad de la morada.

Mientras que en el delito de ocupación ilegal (delito de usurpación de bienes inmuebles), el bien jurídico protegido es el patrimonio y el orden socioeconómico.

Por ende, cuando se trate de ocupación de inmuebles que no constituyen moradas, estaremos frente a un delito de usurpación

El desarrollo de la vida privada como criterio clave de distinción 

Así pues, a la hora de valorar la calificación jurídico-penal de los hechos, además de las primeras residencias, se consideran morada las denominadas segundas residencias o residencias de temporada, siempre que en las mismas se desarrolle, aun de modo eventual, la vida privada de sus legítimos poseedores.”

Instrucción 1/2020, de 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles

La Fiscalía General del Estado ha dado pautas de delimitación entre ambos delitos, radicando en el concepto de espacio idóneo para el desarrollo de la privacidad de la esfera íntima, de forma permanente o temporal.

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